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Por Antón R. Castromil / Contacto
¡Ojo! El siguiente texto es un extracto de mi tesis doctoral, defendida en 2007 en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Puedes acceder al texto completo aquí.
Cuarenta años de privación de libertades políticas y de ausencia de competencia partidista tuvieron, como parece lógico, un considerable impacto en el momento de la reinstauración del sistema democrático en España.
Para Maravall (1981) la principal de ellas se puede encontrar en la existencia de una serie de continuidades políticas en los españoles antes y después de la dictadura franquista.
Así, “se manifestó en 1977 una asociación entre los espacios ideológicos y distribuciones geográficas del apoyo electoral partidista de la Segunda República y los de la nueva democracia” (Ibíd. 39). Es decir, se observa una correlación entre la ideología de los padres (II República) y la de los hijos (1977), de modo que el sistema de partidos surgido tras las elecciones constituyentes de 1977 se caracterizó por combinar una serie de novedades[1], pero también de continuidades con el pasado (Ibíd. 40).
Las principales pautas de continuidad son, para este autor, “la persistencia intergeneracional de las simpatías ideológicas y también la supervivencia fortalecida de la influencia del socialismo” (Ibíd. 42)
En un estudio anterior (Maravall, 1980) se sostiene que en la transición, las actitudes políticas de la ciudadanía y el sistema de partidos se relacionan, principalmente, en dos planos: por un lado, en las lealtades políticas de los ciudadanos y la legitimidad del régimen y, por otro, “en las continuidades existentes a lo largo del tiempo en los apoyos políticos” (Ibíd. 65).
Este autor se refiere a la transición a la democracia, entre otras cosas, como una reforma desde arriba iniciada por Adolfo Suárez que fue capaz de arrancar de las antiguas cortes franquistas un compromiso de reforma sobre la base de la aceptación de algunas de las reivindicaciones de la oposición clandestina: libertad de partidos, amnistía política, la disolución del Movimiento y del sindicato vertical y la convocatoria de elecciones constituyentes (Ibíd. 73)[2].
Una de las principales aportaciones de Maravall a lo analizado hasta aquí es el análisis de la incidencia del movimiento obrero en el período de transición a la democracia. Para este autor, hasta 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas, la actividad reivindicativa del movimiento aunque no implicó a sectores excesivamente amplios de la sociedad española, sí que supuso una actividad reivindicativa considerable (Ibíd. 74-75) Pero la situación cambia a partir de 1977 y el inicio de la denominada reforma pactada y la política desde arriba:
“A partir de las elecciones de 1977 esa imagen cambió. Aunque la importancia de las huelgas siguió siendo grande en 1978 (…) estas acciones carecían de la canalización política o sindical, eran de carácter económico, y se podían incluso percibir como expresión de debilidad organizativa de los propios sindicatos obreros” (Maravall, 1980: 75).
Así pues, a partir de 1977, el movimiento obrero se desconecta de los partidos de izquierda por haber iniciado éstos un compromiso con las demás elites políticas en la política del consenso. La presión del movimiento obrero o presión desde abajo, para Maravall, tendrá, a pesar de todo, una gran importancia en la transición, ya que provocó la crisis del tardofranquismo, hizo inviable la instauración de una democracia de mínimos y obligó a la derecha “civilizada” a pactar una reforma democrática (Ibíd. 77)
Pero la presión pierde ímpetu a partir de 1977, en parte por la propia acción de los partidos de izquierda y, en parte también, por la propia cultura política de la mayoría de la población, caracterizada por un alejamiento y desconfianza de la política (Ibíd. 77-78), tal y como nos mostraba el estudio de Montero y Torcal (1990)
Para Maravall (1980) estas dos consideraciones no son incompatibles y los partidos de izquierda habían comprendido que el franquismo había muerto con el dictador y que “la transición a la democracia requería caminar con cuidado por una cuerda floja política” (Ibíd. 78).
A ello hay que añadir que con la convocatoria de elecciones libres, estos partidos necesitaban hacerse atractivos para amplios sectores sociales cuyo comportamiento electoral se desconocía. De ellos dependería su suerte electoral.
El principal problema al que tuvieron que enfrentarse los partidos de izquierda en medio de la transición a la democracia, según Maravall (Ibíd. 79), fue la difícil combinación de la consolidación de la democracia (y la política de pactos que conllevaba) con la opción socialista. Por ello, estos partidos tuvieron que amparar no sólo a los movimientos reivindicativos, como hemos dicho, sino también a la ciudadanía en general.
Refiriéndose a la composición ideológica del electorado español durante la primera etapa de la transición, Maravall (Ibíd. 80) coincide con otros autores (Barnes, McDonough y López Pina, 1986; López Pina, 1985; Montero y Torcal, 1990; Payne, 1985; Wert, 1985) en señalar la moderación como su principal característica y esta moderación se hace extensible, incluso, a parte del movimiento obrero.
Ello propiciaba que el centro-izquierda y el centro-derecha fuesen los sectores ideológicos más atractivos para la mayoría de los votantes y los que iban a “determinar en buena parte la lógica de la competición partidista” (Maravall, 1980: 81)
El mapa competitivo se encontraba marcado por una competencia entre el PCE y el PSOE por el electorado de izquierdas, mientras que el PSOE debía aspirar también a captar parte del voto centrista. UCD, por su parte, debía mantenerse ubicada en el centro, al tiempo que pretendía representar a parte de la derecha moderada que no se decantaba por Alianza Popular. La identificación ideológica y la personalización de la política (simpatía hacia líderes) han sido los dos factores principales que, según Maravall (Ibíd.: 84), pueden explicar el voto de los españoles, al menos en la etapa inicial de la transición.
Una vez celebradas las elecciones de 1977, “la consolidación de la democracia se convirtió en buena medida en tarea de la clase política” (Ibíd. 90) El proceso constituyente estuvo marcado por un política de pactos entre los diferentes partidos “cuya finalidad era garantizar la más amplia aceptabilidad del nuevo andamiaje político” (Ibíd.) Esta política alcanzaría su máxima expresión en los denominados pactos de la Moncloa, que pretendían dar respuesta a una situación política nada fácil y constituían también un intento de consolidación de la democracia. El principal factor en contra de los intentos democratizadores podría ser, entre otros, la presencia de la violencia terrorista del GRAPO y ETA, además de la actividad de los sectores derechistas más subversivos y su vinculación con el ejército.
En lo que a aspectos de cultura política se refiere, Maravall finaliza su estudio utilizando el término de “cinismo democrático”, expresión que hace referencia a la aceptación de la democracia como régimen pero a la “visión de la política como inmoralidad que caracterizó la ideología del franquismo” (Ibíd. 103) Como otros autores desarrollarán más tarde, esta circunstancia explica –al menos en parte– la escasa identificación partidista observada en España.
Montero y Torcal (1990: 41) realizan un amplio estudio sobre las actitudes políticas en el franquismo y destacan las siguientes características de cultura política:
1) Experiencia de la guerra civil y división de la población entre victoriosos y derrotados.
2) Largo período autoritario (1939-1975) caracterizado por una victoria militar, el derrocamiento del régimen republicano y la instauración de un sistema “consolidado tras una dura represión e impulsor de una socialización en valores antidemocráticos, desmovilizadores y antipartidistas” (Ibíd.)
3) Proceso de acelerada industrialización iniciado en los años sesenta que implicó la aparición de los fenómenos de urbanización, estratificación social, aumento del nivel educativo y variación de los estilos de vida tradicionales. 4) Paulatina dinámica de “descomposición política del franquismo” (Ibíd.) debido a una progresiva pérdida de legitimidad en los últimos años del régimen. 5) Instauración, a partir de la muerte del dictador, de la democracia a través de un lento proceso iniciado en 1976.
Pero, para estos autores, los españoles que vivieron el franquismo, su lenta decadencia y el principio del proceso de transición a la democracia “carecían entonces de una cultura política en sentido estricto” (Ibíd.).
Esto se demuestra, para Montero y Torcal, en que más o menos la mitad de la población compartía sólo actitudes políticas muy elementales basadas en la desinformación, la falta de implicación para con los asuntos públicos y una cultura de la desmovilización que se había transmitido de generación en generación (Ibíd.).
Podría decirse que en la España de los últimos años del franquismo coexistían dos tipos de lealtades: una adicta al régimen en decadencia y otra caracterizada por un permanente estado de alienación. La primera subcultura política “abarcaría a un 15 por 100 de la población [y] tenía como rasgos característicos los del autoritarismo, el dogmatismo y la intolerancia” (Montero y Torcal, 1990: 41)
La otra subcultura se caracterizaba por ser aquella que se encontraba en individuos más tolerantes, moderados, mejor informados y educados, más jóvenes y más interesados en los asuntos públicos. Este tipo de cultura política estaba presente en, más o menos, un tercio de la población (Ibíd.).
Una cosa estaba clara, por lo menos a partir de los años sesenta: había disminuido el apoyo al régimen y cada vez eran más los que sostenían ideas democráticas. Y ello se logró mediante un proceso de re socialización en la vida adulta que dejó a un lado los valores de desconfianza hacia lo político trasmitidos mediante la familia y la escuela (socialización primaria).
Es por ello que la posterior transición a la democracia –según nuestros autores– se sustentó en “un conjunto de predisposiciones favorables entre los ciudadanos” (Ibíd. 43) que posibilitaría su éxito final.
Pero Montero y Torcal nos advierten que estas predisposiciones favorecieron pero no garantizaron el éxito del proceso de transición. Para que tal evolución hacia un régimen de libertades se lograse de manera más o menos pacífica, hizo falta la intervención de un actor adicional con enorme importancia como son las elites partidistas. Montero y Torcal (Ibíd. 43) vienen a sostener que, ayudadas por unas incipientes predisposiciones democráticas de buena parte de la ciudadanía, las elites cerraron finalmente el proceso de transición utilizando como principal herramienta la denominada política del consenso[3].
Bajo estas condiciones, ¿cuál ha sido el comportamiento electoral de los españoles en esta primera etapa democrática? ¿Qué pautas de voto se han seguido? Montero y Torcal ofrecen una respuesta rotunda a estos interrogantes: la tónica seguida ha sido la de la moderación.
Ya en las primeras consultas democráticas se comprobó que las opciones moderadas (PSOE y, en mayor medida, UCD) contaron con un apoyo mucho más numeroso de las más radicales (AP y PCE, principalmente) (Ibíd. 44).
El sistema de partidos resultante de esta moderación del electorado, junto con factores adicionales como el sistema electoral adoptado en 1977, sería el caracterizado por un pluripartidismo moderado de tendencias centrípetas, “con una polarización menor que las democracias del sur de Europa y con dos partidos en los extremos de la izquierda y de la derecha que no podían ser catalogados de antisistema” (Ibíd. 44)[4].
Estos autores nos anticipan, además, un tema recurrente sobre todo a partir de las elecciones de 1982: la volatilidad de los partidos españoles frente a la estabilidad ya comentada del electorado (Montero y Torcal, 1990: 46; Montero, 1998; Barnes, McDonough y López Pina, 1986).
Esta situación, en palabras del propio Montero, se puede describir del siguiente modo: “Un análisis del cambio del voto sugiere que los espacios políticos de la izquierda y la derecha estaban ya cristalizados y hubo una gran movimiento relativo entre los partidos en cada uno de estos dos espacios” (Montero, 1998: 5) Barnes, McDonough y López Pina (1986) han popularizado la frase “Votantes estables, partidos volátiles”, que describe muy bien la configuración primigenia del sistema de partidos español durante buena parte de la década de 1980.
Volviendo al período de transición a la democracia, Montero y Torcal (1990: 52) afirman que dos terceras partes de los españoles expresaron su acuerdo en que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible para el país. Para nuestros autores, la ausencia de una alternativa a la democracia es el motivo de este consenso.
Las actitudes antidemocráticas fueron desde el principio muy minoritarias y poco significativas (en torno a un 10%) y, por lo tanto, no actuaron en contra de los procesos de transición hacia la democracia. De hecho, la poca simpatía y lealtad de los españoles hacia el autoritarismo y la figura del general Franco impidieron la emergencia de alternativa alguna a la democracia (Ibíd. 55)
Lo que sí constituyó un problema de cara a la legitimidad de la democracia española recién nacida fueron los dos primeros gobiernos en minoría de UCD. Para nuestros autores, esta posición de debilidad parlamentaria imposibilitó a los gobiernos de Suárez para actuar de manera eficiente y reconducir la grave crisis económica que se vivía (Ibíd. 57).
La situación cambiará en 1982, fecha que para muchos autores supone el fin de la transición. El PSOE llegará al poder con un amplísimo apoyo electoral y con la primera mayoría absoluta de la historia de la democracia española.
Montero y Torcal (Ibíd. 63 y ss) llegan a la conclusión del carácter pasivo del español medio para con los asuntos públicos y encuentran la explicación en “una combinación de efectos históricos a los que las elites de la democracia no han podido (…) encontrar remedio” (Ibíd. 63).
Además, la dinámica política de la transición, por su naturaleza consensual entre elites, excluyó toda participación de las masas en el proceso. Por ello, Montero y Torcal explican la apatía y el desinterés de la ciudadanía como una suma de factores históricos y como un factor de la propia transición (Ibíd.)
Se puede observar, por lo tanto, una cierta paradoja en la cultura política de los españoles ya que, por un lado, la democracia como régimen aglutina grandes niveles de apoyo pero, por otro, persisten actitudes de pasividad y apatía hacia los asuntos políticos. La política es evaluada en términos de desinterés, lejanía, desconfianza, indiferencia y aburrimiento por la mayoría de los españoles. Según datos de nuestros autores, “sólo alrededor de uno de cada cuatro españoles señala algún tipo de interés (…) sobre la política” (Ibíd. 35).
Por último señalar que, para referirse a la combinación de legitimidad democrática (aceptación del régimen), desconfianza, escepticismo, ineficacia personal y opiniones críticas hacia los políticos (honradez, motivaciones ocultas) se ha acuñado el término de “cinismo democrático” o “democratismo cínico” (Ibíd. 67).
Pero, lo que es más importante para nuestro análisis, estas actitudes comunes en la mayor parte de los españoles son achacables, según nuestros autores, al “legado cultural del franquismo” (Ibíd.)
Rafael del Águila ha llevado a cabo un interesante análisis de las dinámicas de legitimidad existentes a lo largo de la transición a la democracia. Para este autor “los argumentos de legitimidad nunca llegaron a cristalizarse, o lo hicieron muy raramente, manteniéndose vivos y dúctiles en los distintos momentos en que jugaron papeles esenciales” (Del Águila, 1992: 71).
Tales argumentos legitimiadores se pueden resumir en varios bloques. En primer lugar, nos encontramos con la legitimidad relacionada con la “legalidad, reforma, estabilidad, miedo al enfrentamiento, paz, concordia, reconciliación” (Ibíd.) Otro tipo de argumentos están relacionados con las ansias de cambio y reforma (libertad, democracia) de la mayor parte de los españoles.
Los últimos tres tipos de legitimidad harían referencia a la pluralidad o reconocimiento de lo diferente, a la integración en la sociedad europea del momento y a la legitimidad que Del Águila denomina “de unidad”. Este tipo de legitimidad se relaciona con la propia dinámica de la transición: el pacto, la negociación, el acuerdo y la colaboración en las cuestiones de estado (Ibíd.)
Por encima de todas estas clases de legitimidad, la transición –según este autor– se ha caracterizado por integrarlas a todas en una especie de continuo dinámico: “Si hay algo que define mejor acaso que ninguna otra cosa a la legitimidad durante la transición es su plasticidad, esto es, su capacidad para ser moldeada, esculpirse en nuevas formas de una manera expresiva, viva y políticamente funcional” (Ibíd. 72).
La mayoría de los procesos de transición suelen catalizar y acelerar las acciones y los movimientos estratégicos, generando así una serie de dinámicas de legitimidad que, “una vez asentado el nuevo régimen político tiende a olvidarse o a fijarse en fórmulas estables” (Ibíd.)
Del Águila analiza la legitimidad de uno de los actores que algunos investigadores han considerado clave en el proceso de transición a la democracia en España: la monarquía[5]. Para Del Águila el rey desempeñó un papel fundamental y contó con una doble legitimidad inicial: por un lado la legitimidad dinástica (pasando por encima de su padre, Juan de Borbón) y la legitimidad franquista (Franco le reservó el trono para después de su muerte).
Para nuestro autor, esta doble legitimidad no resultó suficiente para la consolidación de la monarquía en la nueva democracia, por lo que la Corona adoptó un nuevo papel de garante de la paz y la concordia, además de actuar de árbitro de los procesos políticos para evitar toda confrontación (Ibíd.).
Así, “la Corona buscó su fuente de legitimidad no sólo en argumentos ligados a la seguridad y la unidad, sino también en aquellos relacionados con la autonomía y la pluralidad” (Ibíd.) El rey consigue, por lo tanto, legitimidad en su papel de moderador y motor del cambio con una fuerza similar a la de los reformistas del régimen.
Otro de los elementos de cambio abordados por Del Águila es la Constitución de 1978. Para este autor, el texto constitucional surgió fruto de la política del consenso y fue justamente este procedimiento el que le otorgó legitimidad: “La elaboración consensual de la Constitución tenía un doble objetivo: eludir el enfrentamiento y la escisión, por un lado, y garantizar la estabilidad y la democracia, por otro” (Ibíd. 74).
Así, la política del consenso utilizada en la elaboración de la Constitución hará que ésta no suponga solamente una ruptura con el franquismo precedente, sino también un símbolo de reconciliación nacional. Una nueva fuente de legitimidad surge aquí, se trata de la Constitución “de todos” (Ibíd.). Una vez aceptada y en vigor, la Constitución se convertirá, en sí misma, en fuente de legitimidad y en posterior “identificación de lo legítimo con lo constitucional” (Ibíd.)
Cotarelo (1992), por su parte, fija su atención en los aspectos de cultura política que inciden en la configuración de los sistemas de partidos. En España, podemos observar una peculiaridad con respecto a otros países del entorno europeo: “En el caso español es tan imprescindible como en cualquier otro considerar el pasado. Pero, a su vez, el pasado del sistema de partidos tiene una peculiaridad, que es el hiato de casi 40 años de franquismo (…).
Esos cuarenta años no han operado del mismo modo en todos los partidos. Hubo unos que actuaron en la clandestinidad; otros desaparecieron, y otros, por fin, quedaron en una ambigua situación de latencia” (Ibíd. 300) Los partidos de izquierda serán aquellos relegados a la clandestinidad, algo muy importante, según Cotarelo, ya que los riesgos de la represión (persecución, encarcelamiento e incluso torturas y ejecuciones) “ha venido otorgando a la izquierda una especie de legitimidad añadida” (Ibíd. 301).
Precisamente serán los partidos políticos y sus principales dirigentes quienes, una vez legalizados, alcancen un predomino casi absoluto en el período de transición a la democracia. A ello hay que añadir una circunstancia adicional: los partidos en España cuentan con un bajo prestigio y una muy reducida militancia.
Este hecho se explica, al menos en parte, por dos factores históricos y culturales:
1) La cultura política antipartidista del franquismo.
2) La emergencia del sistema de partidos en un momento de “auge notable de los medios de comunicación (…) lo cual resta posibilidades de acción a los partidos políticos en cuanto medios de articulación colectiva e institucional de la opinión pública” (Ibíd. 304)
Como puede comprobarse, Cotarelo introduce aquí, por primera vez, el factor medios de comunicación.
Un estudio de Gunther y Montero (1994) nos servirá para añadir dos consideraciones de cultura política adicionales, una ya tratada parcialmente y la otra inédita hasta el momento. Nos referimos a la identificación partidista y al cleavage religión. Como parece lógico, a mayor identificación y anclaje entre los votantes y los partidos políticos, mayor estabilidad en el sistema de partidos y, consecuentemente, menor volatilidad electoral. Sin embargo, España ha registrado altos índices de volatilidad, sobre todo en las elecciones de 1982, una débil identificación partidista y una gran estabilidad y moderación.
Esta aparente paradoja se resuelve mediante un estudio pormenorizado de las actitudes políticas de los españoles que, según diversos estudios, ha mostrado que la estabilidad del electorado se combina con una volatilidad intra bloques. La ya clásica frase “votantes estables, partidos volátiles” resume esta situación (Barnes, McDonough y López Pina, 1986; Gunther y Montero, 1994)[6]. Basándose en un estudio comparado, Gunther y Montero (Ibíd. 481-482) han demostrado que la identificación en España es, como venimos afirmando, muy baja.
Por lo tanto, la estabilidad del electorado no estará basada en los anclajes con los partidos políticos al estilo del comportamiento electoral de EE.UU., sino en otra serie de factores. Estos autores hablan aquí de dos cleavages fundamentales: el religioso y el ideológico[7]. Para Gunther y Montero el cleavage religioso “parece más profundo en España y Portugal que en Italia y Grecia” (Ibíd. 490) La polarización en torno a la religión se ha mantenido en España, pese al fuerte proceso de secularización de los últimos años.
Otros autores apoyan esta idea, aunque sólo para el período que nos ocupa, la transición; ya que con la definitiva instauración de la democracia y la modernización de la sociedad el cleavage ha ido perdiendo peso:
“Al principio de la transición los católicos votaban desproporcionalmente a la UCD, durante los años ochenta los católicos españoles tuvieron un comportamiento mucho más heterogéneo, dividiendo el voto entre el PSOE y AP. Incluso hasta los años noventa, cuando el PP recibe la herencia electoral de UCD, los católicos mantienen un porcentaje notable de voto al PSOE. Esto, junto con el hecho de que el PP ha asumido una implantación significativa entre los no católicos, hace que el vigor electoral del cleavage religioso no haya vuelto nunca más a ser lo que era en la España de la República y de finales de los setenta” (Anduiza y Bosch, 2004: 160)
El otro gran factor que actúa de detonante para la estabilización del comportamiento electoral de los españoles y del sistema de partidos es, a falta de una identificación partidista fuerte, la ideología (Gunther y Montero, 1994: 494).
En este punto, tanto España como Italia son países con un predominio del centro-izquierda “son sistemáticamente más reformistas y menos conservadores que los griegos y los portugueses” (Ibíd.) [8].
Así, la conclusión general de estos autores será que cuando las dimensiones organizativas de la política son débiles o insuficientes, es cuando el factor ideológico cobra fuerza en la estabilización de las preferencias partidistas (Ibíd. 498)
De modo más general –y tal y como había establecido en parte Maravall (1981)– Gunther y Montero (1994: 542 y ss) creen que: La experiencia de la guerra civil ha supuesto una continuidad en las actitudes políticas a través de las generaciones. Esto es, los hijos de republicanos apoyan al PSOE y al PCE y los hijos de los del bando nacional hacen lo propio con UCD y AP, una vez instaurada la democracia.
La actuación de los partidos políticos, sin embargo, ha sido muy importante y ha tenido un gran impacto en esta dinámica transgeneracional: “las elites fundadoras de los partidos buscaron deliberadamente evitar la polarización sobre estas bases, lo que ha contribuido a una visible moderación de la política española” (Ibíd. 542). Esta actitud de las elites se debió a su voluntad de ganar elecciones, para lo cual se hacía imprescindible su conversión en partidos catch all, además de la necesidad de no repetir los errores del pasado.
Esta circunstancia llevó a las elites partidistas, incluidas aquellas vinculadas directamente con el antiguo régimen, a realizar una transición pactada a la democracia (Ibíd.).
Esta política del consenso, para nuestros autores, tuvo la consecuencia de debilitar las lealtades partidistas entre determinados sectores sociales y los partidos políticos: “[el] consenso llevó a los partidos a desmovilizar a sus votantes y a buscar acuerdos en la solución de temas conflictivos, también pudo haber aminorado las hostilidades entre grupos en grado suficiente como para socavar el desarrollo de lealtades partidistas estables. Desde esta perspectiva, la subsiguiente ausencia de vínculos fuertes con los partidos políticos puede considerarse como uno de los costes de la senda del consenso hacia la consolidación democrática” (Ibíd. 544).
Michael Buse realiza una caracterización en términos de cultura política de cada uno de estos grupos, destacando las siguientes notas distintivas (Buse, 1984: 148 y ss):
1) La primera característica de los demócrata cristianos es su escaso número y su coincidencia con valores que pueden considerarse como socialistas.
2) Los socialdemócratas son un grupo especialmente moderado y que no se puede comparar con sus homólogos europeos. Así, “no es posible clasificar al electorado socialdemócrata como perteneciente a la izquierda política, y ni siguiera, al centro-izquierda. Pertenece, más bien, y claramente, al centro demócrata-liberal, con patentes tendencias hacia el ala derecha” (Ibíd. 149)
3) Los liberales pertenecen, junto con los demócratas, al auténtico centro político. Predomina más la tendencia conservadora que la socialista.
4) Los demócratas están marcados por la moderación y la ubicación en el centro político.
5) Los progresistas también se consideran centristas aunque, eso sí, más escorados hacia el centro-izquierda.
6) Los socialistas llaman la atención de Buse por su poca simpatía por la doctrina marxista y su propensión hacia el centro político: “Por un lado, aparecen claramente contrapuestos a la extrema izquierda y, por otro, penetran profundamente en las posiciones de centro izquierda del sistema de partidos español” (Ibíd. 152)[9].
7) Entre los comunistas, según Buse, predominan elementos demócrata-liberales.
El siguiente paso dado por este autor (Ibíd. 153 y ss) será situar a los electores españoles según su perfil macroestructural en los espacios ideológicos que acabamos de señalar. Las variables independientes utilizadas serán las clásicas de sexo, edad, clase social, nivel de estudios, profesión, religión y hábitat.
El resultado es el siguiente[10]: Las mujeres se sitúan claramente a la derecha del espacio ideológico (conservadores, democristianos, demócratacristianos y centristas), mientras que los hombres se ubican más a la izquierda.
Los electores más jóvenes (menos de 24 años) se identifican con la extrema izquierda y el comunismo, y entre los socialistas, el grueso de sus apoyos se sitúa en una franja de edad que no supera los 35 años.
Los comunistas, por su parte, reciben un apoyo preferente de las clases sociales más bajas, al tiempo que los socialistas son votados masivamente por las clases medias. Las posiciones de extrema izquierda revolucionaria encuentran sus mayores apoyos en parte de las clases superiores y medias. “Los socialdemócratas, liberales, demócratas y demócratacristianos encuentran partidarios sobre todo en el ámbito de la clase superior y de la clase media alta” (Ibíd. 155).
Por último, las clases más altas se decantan por los conservadores moderados, los conservadores puros y la extrema derecha.
Los jóvenes intelectuales de clase media e, incluso, de clase alta –con elevados niveles de estudios– son el mayor hervidero de las ideas revolucionarias, como hemos visto en el párrafo anterior. Los socialistas son apoyados por un electorado con un nivel más bien bajo de estudios y formación, mientras que los niveles de educación altos se relacionan con el apoyo a socialdemócratas, liberales y conservadores.
En cuanto a la ocupación, el comunismo recibe sus apoyos principalmente de las profesiones liberales, los empleados medios y los parados aunque “llama (…) la atención el hecho de que el número de partidarios pertenecientes a profesiones especializadas y a obreros sin cualificación es claramente inferior a la media” (Ibíd. 156)[11].
Por su parte, los altos empleados y los funcionarios se sitúan en la órbita del socialismo, mientras que parte de las profesiones liberales, los ejecutivos y los directivos de empresas se decantan en mayor medida por los socialdemócratas, liberales y demócratas. Los conservadores son apoyados por un electorado ocupacionalmente muy heterogéneo: obreros sin cualificar, directivos y obreros cualificados.
Los ateos se concentran en el comunismo, los católicos no practicantes en el socialismo, mientras que los católicos practicantes prefieren a los partidos socialdemócratas. También los centristas, conservadores y la extrema derecha cuentan con una proporción significativamente alta de católicos practicantes. La conclusión, en este punto, es tajante: “Cuanto más acusado es el sentimiento religioso, mayor es la inclinación hacia la derecha en la política española” (Ibíd. 158).
Por último, la distribución de las preferencias partidistas indica que los mayores apoyos del comunismo se concentran en Madrid, mientras que los del socialismo en el Levante y las regiones meridionales. Por el contrario, socialdemócratas, liberales y demócratas encuentran su mayor representación en las provincias del centro peninsular y en las Islas Canarias. Los conservadores también cuentan con grandes apoyos en estos lugares y en Galicia, Extremadura, Aragón y Asturias (Ibíd.)
Con este pequeño trazado de cultura política e ideología[12] podemos afrontar ya el análisis de las dos primeras elecciones generales celebradas en España después de la muerte del dictador en 1975.
Notas
[1] La principal de ellas, para Maravall (1981), sería la creación de UCD, que no tenía nada que ver con la CEDA republicana. UCD es –para los principales especialistas en el tema (Buse, 1984; Del Águila, 1983; Gunther, 1986b, Maravall, 1981 y 1980; Maravall y Santamaría, 1985)– un partido nacido por y para actuar dentro de la política del consenso característica de la transición a la democracia. Un partido, en fin, de acomodo. En el siguiente capítulo analizaremos UCD un poco más en detalle.
[2] En este nuevo contexto democrático la derecha necesitó, según Maravall, encontrar su articulación política. De esta necesidad nace UCD con un claro matiz consorcional o de acomodo (Maravall, 1980: 73) Sobre la dificultad de organización de la derecha española véase nuestro comentario a las elecciones de 1982 además de –entre otros– Buse (1984), Cotarelo (1987) y Montero (1987, 1986b)
[3] Tal política tendrá, sin embargo, graves consecuencias sobre algunos de los partidos políticos que la practicaron. En el siguiente capitulo veremos como algunos autores (Buse, 1984; Caciagli, 1984a; Del Águila, 1983; Gunther, 1986b, 1986c; Maravall, 1980 y 1981; Maravall y Santamaría, 1985; Wert, 1984) relacionan este proceder con la decadencia de partidos como UCD o el PCE.
[4] Precisamente la existencia o no de partidos antisistema es lo que hace que un pluripartidismo sea considerado centrípeto (sin partidos antisistema) o centrífugo (con partidos antisistema) (Sartori, 2005) En este punto, el subsistema de partidos vasco sí sería considerado por estas autores como un sistema de partidos de multipartidismo polarizado con tendencia centrífuga (Montero y Torcal, 1990; Amezaga, et al, 1999)
[5] Un buen análisis del rey como “piloto del cambio” en el proceso de transición a la democracia se encuentra en Powell (1991) Otros autores como Cotarelo (1992: 319) consideran que parte de la legitimidad alcanzada por el rey ha derivado de la no utilización de su rango de jefe supremo de las fuerzas armadas para fines propios. Véase también las reflexiones sobre la materia contenidas en varios capítulos del libro colectivo editado por Penniman y Mujal-León (1985)
[6] Las elecciones de 1982 serán el momento en que esta situación cobre su más dramática realidad: desaparición de UCD, fuerte castigo al PCE, ascenso notable de AP y victoria “plebiscitaria” del PSOE.
[7] La ortodoxia de la teoría del cleavage, como hemos visto, no establece ningún tipo de cleavage ideológico.
[8] Esta afirmación no es compartida por toda la comunidad investigadora. López Pintor (1983: 11) sostiene “la sociedad española es más de derechas que de izquierdas”. Este autor añade dos características más del comportamiento electoral de los españoles: los que votan lo hacen en proporción casi idéntica entre derecha e izquierda y el electorado español “desea símbolos que no son generalmente de derecha ni de izquierda, sino mezcla de las dos o están por encima o al margen de esas categorías” (Ibíd.)
[9] Quizá este tipo de electorado, claramente votante del PSOE, explique –al menos en parte– la rápida y profunda dinámica de conversión en partido catch all de los socialistas y su posición de clara ventaja en su ubicación en la escala ideológica con respecto al votante mediano. De ahí su larga estancia en el poder (1982-1996) De todos modos, muchos otros factores (como la incapacidad de articulación de la derecha, por ejemplo) intervienen aquí. Analizaremos estos aspectos en próximos capítulos.
[10] Este análisis que emprende Buse será, en buena medida, matizado por investigaciones posteriores que el lector tendrá la ocasión de conocer conforme avance nuestra exposición. El carácter pionero de este estudio tiene, por lo tanto, muchas limitaciones; aunque también un cierto mérito.
[11] Para un análisis más actual sobre las pautas de voto y su relación con la clase social y la ocupación véase Caínzos (2001, 1996), González (2001, 1996, 1993), Justel (1995) y Paramio (2000)
[12] Para un análisis adicional acúdase a Benedicto (2005)
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