Democracia representativa y ciudadanía

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Por Antón R. Castromil / Contacto

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¡Ojo! El siguiente texto puede contener extractos literales de la obra de, entre otros autores, Manin (1998) y Muñoz-Alonso et al (1990) que se citan al final del artículo. En esta web estamos en contra de la piratería y de la citación anónima.

Como hemos visto en el artículo anterior, definimos la comunicación política de manera genérica y abierta como el estudio de la política como comunicación y de los sistemas políticos como cadenas de comunicación.

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A partir de aquí, vamos a operacionalizar este concepto. Es decir, vamos a ver sobre qué conceptos políticos opera la comunicación política (la democracia representativa) y qué condiciones históricas han sido necesarias para que podemos hablar de ciudadanía en cuanto sujeto de la comunicación política.

La democracia representativa

NOTA: Sobre democracia representativa acúdase al siguiente artículo.

El sistema político en el que va a operar la comunicación política es la demcoracia representativa. Como se sabe, la democracia directa (contraria a la representativa) nunca ha sido implantada en un estado moderno. El único momento en el que podemos hablar de democracia directa (y con muchas limitaciones) fue la Grecia Clásica.

Desde el principio de la experiencia democrática el sistema deja de basarse en el sorteo (que es el único mecanismo verdaderamente democrático) y se recurre a la distinción y el consentimiento. La democracia directa pierde sentido y la representación se transforma en el gobierno de los mejores.

Así, los principios de la democracia representativa son:

1. Quienes gobiernan son nombrados por elección (y no sorteo) con intervalos regulares. Es el gobierno de “los mejores”.

2. La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un cierto grado de independencia respecto de los deseos del electorado (representantes y electorado no son lo mismo, en el sorteo es el pueblo el que gobierna directamente).

3. Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan (libertad de expresión, asociación, prensa, pensamiento… Opinión pública libre).

4. Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.

NOTA: Para saber más de estas cuesiones se pueden acudir a los artículos sobre Robert Dahl y Arend Lijphart.

La institución central en la democracia representativa es la elección frente al sorteo como método preferido por la democracia directa. La democracia de elección (o representativo) es un régimen mixto en el que se combinan grandes dosis de oligarquía (las elites partidistas son las que, en la práctica son siempre elegidas) junto con la capacidad ciudadana de seleccionar (por medio de la elección) y controlar (en sus distintas formas) a los gobiernos.

NOTA: Para saber más de la oligarquí interna de los partidos en las democracias representativas acúdase a nuestro artículo sobre Robert Michels.

Por lo tanto, queda claro que el marco en el que nos vamos a mover a partir de ahora es la democracia representativa. Pero hablar de democracia representativa implica hablar del concepto de cudadanía que, en última instancia, nos remite a la progresiva incorporación de la totalidad de la sociedad a la condición de individuos con plenos derechos políticos.

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La construcción histórica de la ciudadanía

Se trata de un proceso lento y revolucionario. Con el Renacimiento se empiezan a vislumbrar ámbitos de libertad, algo del todo imposible en la Edad Media. Estos ámbitos y espacios de crítica al poder absoluto de los monarcas irán poco a poco ampliándose y será en el período de la Ilustración cuando podamos hablar ya de una opinión pública en sentido plenamente moderno, decir, de un conjunto de ciudadanos opinando sobre las labores de gobierno.

Unos derechos políticos que, poco a poco, irán ampliándose a más ciudadanos hasta llegar al sufragio pasivo completo.

La existencia de un público con derechos políticos (expresión, asociación, voto, elección…) cada vez mayor es la pieza clave del nuevo sistema que pretende imponer la burguesía: un sistema de limitación del poder del rey y un régimen sustentado en la opinión (en el debate de ideas).

Estamos hablando de un proceso histórico muy lento de separación entre el estado y la sociedad civil el que hace posible la aparición de la opinión pública. La opinión pública se entiende aquí como una comunicación entre los ciudadanos y su gobierno. La opinión pública vendría a significar la expresión libre de opiniones sobre asuntos de públicos de personas de fuera del gobierno. Se reclama que estas opiniones influyan o determinen las acciones, personal y estructura de los gobiernos.

Es por ello que hasta que no se pudo establecer un cierto diálogo entre gobernantes y gobernados y hasta que los gobernantes no encontraron conveniente y necesario tomar en cuenta las opiniones de los gobernados, no puede hablarse de opinión pública y de un terreno abonado para la aparición de la comunicación política.

Dicho de otra forma: sólo la sustitución de las estructuras propias de la monarquía absoluta por las del liberalismo hará posible la existencia de la comunicación política.

El liberalismo

Hay que esperar hasta el siglo XIX y el liberalismo para hablar de la progresiva implantación de los derechos políticos.

La vieja sociedad estamental es sustituida por una sociedad individualista en la que el sistema de privilegios desaparece para dejar paso a la igualdad formal de todos ante la ley. La relación política se transforma en profundidad como consecuencia del cambio en la titularidad de la soberanía, que pasa del rey (Luis XIV de Francia: “El estado soy yo”) al pueblo o la nación (La “soberanía nacional” de la que se habla en la Revolución Francesa de 1789).

Estrechamente unida con la idea de soberanía está la del poder constituyentes que, por primera vez en la historia, atribuye al hombre lo que antes era un atributo de dios: la posibilidad de cambiar la sociedad sin aceptar como irremediables las estructuras sociales impuestas (la Iglesia legitimaba así la sociedad estamental).

Donde antes había súbditos o elementos puramente pasivos de la relación política, hay ahora ciudadanos, dotados de un papel activo.

La otra idea que preside la nueva configuración política es una concepción del poder antitética de la del absolutismo. El poder absoluto deja paso a un poder limitado y dividido de acuerdo con la formulación expresada por Montesquieu (1689-1755) que se concretará en la separación de poderes. Para evitar su corrupción, el poder debe estar dividido.

Las ideas de responsabilidad y control completarán el nuevo esquema político. Un poder así concebido está obligado a dar cuentas, a responder de sus actos que, por eso mismo, están sometidos a control. En la moderna Ciencia Política ha aparecido recientemente el concepto de accountability para referirse precisamente a los mecanismos de control que tienen los ciudadanos.

Este control se ejerce en instituciones como el Parlamento pero, en última instancia, es la opinión pública el último resorte de esa responsabilidad y de ese control. Y es también en este contexto en el que, como vimos, la comunicación entre gobernantes y gobernados cobra una especial relevancia.

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Discusión y libertad de expresión

El papel fundamental que la discusión tiene para los liberales explica la importancia que se atribuye a la libertad de expresión, cuya constitucionalización se convierte en un momento clave de todo el proceso.

Esta constitucionalización de la libertad de expresión y otros derechos supone un punto de no retorno que dinamita el sistema estamental del Antiguo Régimen (los textos clásicos son el Bill of Rights inglés de 1689 y la Primera Enmienda a la Constitución de los EE.UU de 1791. También la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789).

La libertad de expresión se convertirá en un derecho tan importante que se ha denominado el sistema liberal como un régimen de opinión. Esto es, en un sistema de gobierno que se legitima por la opinión pública y que tiene a la opinión pública como criterio y punto de referencia permanente.

Nos falta sólo hacer referencia al mecanismo electoral, que viene a ser el artificio en virtud del cual la ciudadanía pasa de la indefinible situación en la que se encuentra en la sociedad a su versión oficializada, que se transluce en la relación de fuerzas del parlamento, esto es, en el juego de mayorías y minorías de gobierno y oposición.

Un elemento también clave en todo régimen de opinión es el principio de publicidad. Esta importancia de la publicidad (en el sentido de “conocido por todos”) se concretará en la exigencia de que todos los actos y decisiones políticas sean públicos.

Esto supone, en primer lugar, la publicidad de la actividad parlamentaria para que el parlamento cumpla en la realidad el papel de foro que le asigna la teoría liberal. Sin embargo, a lo largo de la historia han sido muchos los impedimentos para llevar a cabo un periodismo parlamentario. Como parece lógico la publicidad es un principio indispensable para hablar de Comunicación Política.

A partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se iniciará una nueva y duradera preocupación por las conexiones entre opinión y propaganda política, destacándose la vertiente de la opinión pública en cuanto objeto de persuasión y de manipulación.

NOTA: Sobre este período acúdase a nuestros artículos sobre Harold Lasswell y Gustavo Le Bon.

El estudio sistemático de la comunicación política se producirá, sin embargo, ya en el siglo XX y, sobre todo, tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Estamos ya en un momento en el que el desarrollo de la sociología, la psicología, los estudios de efectos de los medios de comunicación y la ciencia política ensayarán una serie de respuestas al fenómeno cambiante de la opinión pública y la comunicación política.

NOTA: El primer apartado (“Los efectos de los medios en la opinión pública”) de la Unidad Docente sobre comunicación se dedica a estudiar estas dinámicas.

Referencias

– Manin, Bernard (1998): Los principios del gobierno representativo. Madrid. Alianza.

– Muñoz Alonso, A. et al (1990): Opinión Pública y Comunicación Política. Madrid. Eudema.

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